El Pleno aprueba la creación de comisiones de seguimiento y la firma de una póliza de crédito de 4,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Manzanares celebró anoche, en un clima de evidente tensión por la cacerolada que se produjo a las puertas del Consistorio para protestar por la privatización de la gestión del hospital, el pleno correspondiente al mes de enero.

El Pleno, en el que la Policía Local limitó el acceso hasta cubrir el aforo para evitar posibles incidentes, duró cuatro horas ya que, además de los tres puntos del orden del día para debate, entraron otros siete más con carácter de urgencia, sin contar el apartado de ruegos y preguntas.

Además de tratar la renuncia de la edil del PSOE, Laura Carrillo, a su acta de concejal por motivos personales, los corporativos también debatieron sobre la propuesta de la responsable de Servicios Sociales de comisiones de seguimiento para los distintos servicios como son la Vivienda Tutelada, las comidas a domicilio o el Centro de Atención a la Infancia. El objetivo del equipo de Gobierno es que las comisiones, que estarían formadas por técnicos municipales, se reúnan con carácter bimestral para emitir un acta.

La propuesta salió adelante con el voto en contra de IU, que puso como condición que en las comisiones se incluyan representantes políticos, y del PSOE, que consideró que en el reglamento de los convenios que el Ayuntamiento tiene con la Junta para el mantenimiento de estos servicios ya se contempla la figura de comisiones supervisoras.

Otro de los puntos que se trataron en el pleno de ayer fue la resolución del contrato con la empresa “Cesser Informática y Organización S.L.” a la que se le había encomendado la instalación y explotación de la red inalámbrica municipal. El equipo de Gobierno propuso la rescisión del contrato por los incumplimientos de la empresa. Tanto PSOE como IU decidieron abstenerse en este punto por considerar que se trata de una responsabilidad de gobierno rescindir un contrato con una empresa que no cumple.

A partir de aquí se trataron los siete puntos por la vía de urgencia. El primero una moción del PSOE de rechazo al ATC que se va instalar en Villar de Cañas. Una propuesta que no fue admitida a trámite por considerar el equipo de Gobierno que no era pertinente la urgencia. Tampoco se aprobó la urgencia de otras dos mociones del PSOE, una referente al hospital Virgen de Altagracia y otra para solicitar una comisión de investigación sobre la Vivienda Tutelada.

Sí que se debatió una propuesta para modificar el impuesto de construcción y bajar el tipo impositivo en medio punto. Propuesta en la que se abstuvieron los dos grupos de la oposición. Además, salió adelante por mayoría la modificación de la plantilla del Centro Ocupacional y el Aula de Día. Una modificación por la que se eliminan dos categorías profesionales y se crean otras dos con distinto cometido.

Finalmente, el equipo de Gobierno aprobó, con la abstención del PSOE y el voto en contra de IU, la firma de una póliza de crédito por valor de 4,2 millones de euros para hacer frente al gasto corriente y al pago de nóminas, según explicó el edil de Hacienda, Alfonso Mazarro. Un préstamo que se permitiría aliviar la situación hasta que el Ayuntamiento empiece a recibir ingresos.