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El vertedero de escombros situado en el paraje de “El Carrilejo” será clausurado de forma inmediata. Así se decidió, con los únicos votos a favor del Grupo Popular del Ayuntamiento, en el pleno extraordinario celebrado ex profeso a propuesta de los concejales populares. El equipo de gobierno socialista y el edil de IU se abstuvieron por el perjuicio que supone el cierre para constructores y ciudadanía en general. Ahora habrá que llevar los escombros a plantas de tratamiento. La más cercana, en Daimiel.
El Grupo Popular justificó la petición de cierre del vertedero en un escrito de la Delegación de Medio Ambiente denunciando su situación. Según expuso la portavoz municipal del PP, Dolores Serna, “es un auténtico basurero tercermundista” que incumple reiteradamente la normativa que los regula.
Explicó que no se adoptaron las condiciones que estableció Medio Ambiente cuando se solicitó la autorización del vertedero en 2005, por lo que funciona con autorización en suspenso. Serna dijo que no tiene autorización de la Confederación Hidrográfica, no existe control de vertidos, ni inspección ni se impide el libre acceso. Por ello pidió su clausura y que el Ayuntamiento, gracias a su saneada situación, trabaje para contar con un vertedero que cumpla con todos los requisitos.
Los populares mostraron en la sesión fotos de posibles vertidos peligrosos en el vertedero y las hicieron constar en acta. Ante la falta de análisis de las aguas subterráneas se preguntaron por la posibilidad de peligro grave para la salud de las personas.
El concejal de Izquierda Unida pidió aclaraciones al equipo de gobierno y abogó por que sean quienes producen los escombros quienes paguen su correcta gestión. No obstante, Santiago Sabariego dijo que quien debiera decidir y en su caso sancionar es la autoridad competente, considerando perjudicial para la ciudadanía el cierre inmediato del vertedero, por lo que se abstuvo en la votación.
La petición de cierre se aprobó con los únicos votos del PP, ya que los socialistas también se abstuvieron por considerar perjudicial la decisión para el sector de la construcción. El portavoz socialista, Julián Nieva, dijo que particulares, constructores y promotores se verán perjudicados de forma inmediata con la decisión del PP ya que tendrán que gestionar la retirada de escombros en las únicas plantas de tratamiento existentes en la región, situadas en Puertollano y Daimiel.
Al respecto recordó que todos los municipios gobernados por el PP en la región están en la misma situación que Manzanares y que este Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para solucionar el problema. Acusó de alarmismo medioambiental al PP, como ya ocurrió en casos como el de la empresa Fepocam, y anunció que el problema quedará resuelto a través de un vertedero de la Mancomunidad La Mancha entre La Solana, Membrilla y Manzanares.
Pozas: “Pretenden empañar la buena gestión económica municipal”
El alcalde de Manzanares calificó la actitud del PP de alarmista, por no presentar la carga de la prueba y hablar de “posibles riesgos”, y de oportunista “para tratar de empañar las últimas noticias sobre la buena gestión económica municipal”. Miguel Ángel Pozas también habló de incompetencia o mala fe del Grupo Popular “pues si fuera tan grave no debían haber esperado tanto a pedir las medidas correctoras dictaminadas en 2005”.
En su intervención citó el marco legal europeo, español y autonómico para afirmar que los Ayuntamientos no tienen obligación de gestionar los vertidos de materiales de construcción y de demolición, que son responsabilidad de quien los produce. Aclaró que el vertedero objeto de debate no es municipal. Se trata de un hueco originado por las obras de la A-43 y cuyo propietario lo cedió a fin de rellenarse. “Habría que haberle exigido a Álvarez Cascos que se taparan las canteras”, en alusión al que era Ministro de Fomento cuando se hizo esa obra.
Miguel Ángel Pozas dijo que la cantera es utilizada como vertedero de inertes y que el Ayuntamiento no ha autorizado otros vertidos. De hecho existen guardas mañana y tarde que no los permiten, por lo que responsabilizó de los vertidos denunciados a “algún mal ciudadano o promotor que los dejó con alevosía, premeditación y nocturnidad”. Así las cosas, el primer edil pidió al SEPRONA de la Guardia Civil que en lugar de denunciar al Ayuntamiento vigile y denuncie a los culpables de los vertidos.
Por otro lado dijo que no se va a dilapidar la buena situación económica construyendo un vertedero de varios millones de euros para solucionar a promotores de obras y constructores un problema que ellos generan, pues la ley no obliga a los ayuntamientos a tener vertedero. Para las pequeñas obras, el alcalde abogó por ampliar el punto limpio con un contenedor de escombros y la exigencia de una fianza en la licencia que se devolverá cuando se demuestre la correcta eliminación. También será requisito para conceder licencias de primera ocupación.
El vertedero de escombros situado en el paraje de “El Carrilejo” será clausurado de forma inmediata. Así se decidió, con los únicos votos a favor del Grupo Popular del Ayuntamiento, en el pleno extraordinario celebrado ex profeso a propuesta de los concejales populares. El equipo de gobierno socialista y el edil de IU se abstuvieron por el perjuicio que supone el cierre para constructores y ciudadanía en general. Ahora habrá que llevar los escombros a plantas de tratamiento. La más cercana, en Daimiel.
El Grupo Popular justificó la petición de cierre del vertedero en un escrito de la Delegación de Medio Ambiente denunciando su situación. Según expuso la portavoz municipal del PP, Dolores Serna, “es un auténtico basurero tercermundista” que incumple reiteradamente la normativa que los regula.
Explicó que no se adoptaron las condiciones que estableció Medio Ambiente cuando se solicitó la autorización del vertedero en 2005, por lo que funciona con autorización en suspenso. Serna dijo que no tiene autorización de la Confederación Hidrográfica, no existe control de vertidos, ni inspección ni se impide el libre acceso. Por ello pidió su clausura y que el Ayuntamiento, gracias a su saneada situación, trabaje para contar con un vertedero que cumpla con todos los requisitos.
Los populares mostraron en la sesión fotos de posibles vertidos peligrosos en el vertedero y las hicieron constar en acta. Ante la falta de análisis de las aguas subterráneas se preguntaron por la posibilidad de peligro grave para la salud de las personas.
El concejal de Izquierda Unida pidió aclaraciones al equipo de gobierno y abogó por que sean quienes producen los escombros quienes paguen su correcta gestión. No obstante, Santiago Sabariego dijo que quien debiera decidir y en su caso sancionar es la autoridad competente, considerando perjudicial para la ciudadanía el cierre inmediato del vertedero, por lo que se abstuvo en la votación.
La petición de cierre se aprobó con los únicos votos del PP, ya que los socialistas también se abstuvieron por considerar perjudicial la decisión para el sector de la construcción. El portavoz socialista, Julián Nieva, dijo que particulares, constructores y promotores se verán perjudicados de forma inmediata con la decisión del PP ya que tendrán que gestionar la retirada de escombros en las únicas plantas de tratamiento existentes en la región, situadas en Puertollano y Daimiel.
Al respecto recordó que todos los municipios gobernados por el PP en la región están en la misma situación que Manzanares y que este Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para solucionar el problema. Acusó de alarmismo medioambiental al PP, como ya ocurrió en casos como el de la empresa Fepocam, y anunció que el problema quedará resuelto a través de un vertedero de la Mancomunidad La Mancha entre La Solana, Membrilla y Manzanares.
Pozas: “Pretenden empañar la buena gestión económica municipal”
El alcalde de Manzanares calificó la actitud del PP de alarmista, por no presentar la carga de la prueba y hablar de “posibles riesgos”, y de oportunista “para tratar de empañar las últimas noticias sobre la buena gestión económica municipal”. Miguel Ángel Pozas también habló de incompetencia o mala fe del Grupo Popular “pues si fuera tan grave no debían haber esperado tanto a pedir las medidas correctoras dictaminadas en 2005”.
En su intervención citó el marco legal europeo, español y autonómico para afirmar que los Ayuntamientos no tienen obligación de gestionar los vertidos de materiales de construcción y de demolición, que son responsabilidad de quien los produce. Aclaró que el vertedero objeto de debate no es municipal. Se trata de un hueco originado por las obras de la A-43 y cuyo propietario lo cedió a fin de rellenarse. “Habría que haberle exigido a Álvarez Cascos que se taparan las canteras”, en alusión al que era Ministro de Fomento cuando se hizo esa obra.
Miguel Ángel Pozas dijo que la cantera es utilizada como vertedero de inertes y que el Ayuntamiento no ha autorizado otros vertidos. De hecho existen guardas mañana y tarde que no los permiten, por lo que responsabilizó de los vertidos denunciados a “algún mal ciudadano o promotor que los dejó con alevosía, premeditación y nocturnidad”. Así las cosas, el primer edil pidió al SEPRONA de la Guardia Civil que en lugar de denunciar al Ayuntamiento vigile y denuncie a los culpables de los vertidos.
Por otro lado dijo que no se va a dilapidar la buena situación económica construyendo un vertedero de varios millones de euros para solucionar a promotores de obras y constructores un problema que ellos generan, pues la ley no obliga a los ayuntamientos a tener vertedero. Para las pequeñas obras, el alcalde abogó por ampliar el punto limpio con un contenedor de escombros y la exigencia de una fianza en la licencia que se devolverá cuando se demuestre la correcta eliminación. También será requisito para conceder licencias de primera ocupación.
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